En 1995, el acuerdo Schengen 'suprimió', a efectos de movilidad de personas, las fronteras interiores de los países miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Este pacto iría acompañado de medios de cooperación y coordinación de los servicios de policía y autoridades judiciales, de manera que se consiguiese limitar la innmigración irregular de los naturales de estados no miembros de la unión y luchar contra la delincuencia. No era inocente la relación que se estrablecía entre el movimiento trasnacional de las personas y el delito.
Ahora, la Unión Europea se dispone a cerrar un poco más la puerta. Especialmente Dinamarca, que ocupa la presidencia rotatoria y propone 90 medidas para luchar contra un fenómeno -la inmigración irregular- que aumentó un 35 por ciento el año pasado.
Estas actuaciones consisten en una mejor cooperación con los países de origen, el refuerzo del dispositivo Frontex y el control de la frontera entre Grecia y Turquía. En definitiva, se trata de reformar el tratado de Schengen, con el restablecimiento temporal de los controles internos de pasaporte entre Estados miembros. Este cierre temporal podrá ser aplicado libre y unilateralmente en sus territorios por cada uno de los 27.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barroso, ya se ha manifestado en contra de estas medidas, acordadas por los países comunitarios en el Consejo.
Ecos
do Sur, ONGD especializada en migraciones y codesarrollo, apuesta por la libertad de movimientos de las personas. La democracia no se construye con fronteras.
Kiko Cabanillas.
