La población total en España superaba los 45 millones de habitantes en 2007; de ellos 4,5 millones eran extranjeros, lo cual supone un 9,4 por ciento del total.
El ritmo de crecimiento anual de la población inmigrante se cifra en el 1,5 %, cifra superior a la media de la UE, que constiuye algo inédito en España. Nuestro país ha pasado de ser un país emisor de emigrantes a ser uno de los mayores receptores de la UE, que conforman en el 2006 un 12,9% de la población de trabajadores.
Los inmigrantes que desempeñan un trabajo en España se ha multiplicado por cuatro entre el 2000 y el 2007. Los extranjeros cotizan a la Seguridad Social hoy por 8.000 millones de euros anuales, y cobran pensiones por 400 millones de euros al año. Los inmigrantes suponen un alivio en el proceso de envejecimiento de la población española. Y de ellos, 4.500.000 residían legalmente en el país en el 2007. Lo cual convierte a España en el país de la UE que más inmigrantes recibe.
Estos datos nos hacen concluir en que la integración tanto social como laboral es la única solución si queremos que la llegada de inmigrantes a nuestro país sea de acuerdo con los derechos fundamentales.
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