Galicia, País Vasco, Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias representan a las comunidades 'insumisas' a la decisión del Gobierno central de excluir a los inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria gratuita. El cambio objeto de discordia es un Real Decreto estatal que retiró la tarjeta sanitaria a los miembros de este colectivo aun estando empadronados, y a los que la Xunta de Galicia -paradójicamente del PP- les habilita un programa especial para darles cobertura, pero no a través de la tarjeta sanitaria corriente.
Así, el Gobierno autonómico da seis meses para que que las personas sin permiso de trabajo o residencia avalen falta de recursos, y a raíz de este proceso expedirá un documento que certifica que el portador no dispone de fondos y que es vecino en Galicia.
Asimismo, en Andalucía los inmigrantes indocumentados seguirán recibiendo atención en los centros de salud gracias a una tarjeta provisional. El Gobierno vasco también concede este tipo de tarjeta a partir de 90 días de residencia y a partir del año se otorgará la normal. Cataluña garantizará durante los próximos seis meses la misma atención sanitaria que hasta ahora presta a 180.000 extranjeros. Después, las tarjetas deberán renovarse cada año. Para obtener una tarjeta especial se deberá acreditar al menos tres meses de empadronamiento, y esto dará acceso a la atención primaria, urgencias y médicos especialistas, aunque con el copago del 40% del gasto farmaceútico.
Finalmente Asturias y Canarias también han anunciado que atenderán a los inmigrantes sin papeles, pero no han explicado cómo.
Un auténtico lío que no hace sino establecer diferentes derechos según la comunidad autónoma, y que evidencia la falta de consenso y de confianza en el Decreto del Gobierno central.
Kiko Cabanillas.