Se calcula que las medidas anunciadas por el Gobierno dejarán sin tarjeta sanitaria a unos 150.000 extranjeros no comunitarios en situación irregular o no cotizantes en un plazo de dos años. Ello supondría un ahorro aproximado de 240 millones, en lugar de los 500 previstos por el Ejecutivo. Según el padrón y el Registro Central de Extranjeros, 153.469 personas extranjeras cumplen actualmente las condiciones para tener tarjeta sanitaria.
Huyendo de generalidades, hay que tener en cuenta que los inmigrantes, especialmente los que están en situación irregular, consumen menos fármacos y visitan menos al médico. Por lo tanto, estos casos no se pueden confundir con el 'turismo santario', donde son los extranjeros que vienen de países ricos, muchos de ellos jubilados, los que consumen los servicios sanitarios a un nivel más aproximado al de los españoles.