El Ministerio español de Sanidad anunció esta semana que los extranjeros que se encuentren en España y no coticen a la Seguridad Social tendrán que pagar una cuota mensual de 59,20 euros y de 155,40 euros en caso de los mayores de 65 años, si quieren tener una cobertura sanitaria completa. El presidente del gobierno gallego, Núñez Feijoo, se declara "no partidario de disminuir la asistencia sanitaria" al
colectivo de inmigrantes sin permiso de residencia, pero esperará a "ver
bien" el texto definitivo de la orden del Ministerio de Sanidad sobre
el cobro a los sin papeles por ser atendidos para analizar con "qué
resquicio legal" cuenta la Comunidad gallega.
A esta actuación que grava a los usuarios más que un seguro privado se suma otra iniciativa todavía más inestable: los sin-papeles crónicos serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. Esta decisión será fácil de aplicar con países europeos y otros con los que tenemos convenios bilaterales como Ecuador o Marruecos, pero la mayoría de los inmigrantes proceden de países con los cuales no existen acuerdos y cuya inestabilidad política hace realmente difícil cobrar por los servicios sanitarios prestados.
Falta de rigor, dudas y medidas inaplicables que quizás deberían partir de asumir el hecho de que privar de asistencia sanitaria a los sin-papeles ha sido un grave error difícil de encauzar ahora.
Kiko Cabanillas.