El Gobierno central acaba de incluir una serie de modificaciones legales que restringen el acceso a la tarjeta sanitaria. Exige un mínimo de cotizaciones a la Seguridad Social y un tiempo mínimo de residencia en España, así como tener permiso de residencia y trabajo.
Ante las críticas a esta medida de carácter totalitario salen en el ejecutivo con que los irregulares podrán tener acceso a la sanidad a través de las ONGs, haciendo con ello responsables a estas organizaciones de un deber que le compete al máximo organo del estado.
La medida se entiende sólo desde el punto de ataque al turismo sanitario de quien viene a España a operarse porque aquí es gratis y en su país no, pero es que están metiendo en el mismo saco al nórdico que viene a España a beber cerveza barata y a intervenirse con los cientos de miles de irregulares que sobreviven en territorio nacional arrastrando enfermedades de las que no pueden aliviarse por no haber cotizadio lo suficiente a la Seguridad Social al cobrar en negro.
Los catalanes, vanguardia española en política y cultura se han negado a obedecer esta consigna y se han aventurado a aclarar que ellos seguirán tratando a los irregulares.
Kiko Cabanillas.
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