La tarjeta sanitaria de pago ya es una realidad que atenta contra los derechos fundamentales de quienes para ser atendidos por el sistema sanitario español -sin tener cobertura por la seguridad social- deberán pagar 60 euros al mes, los menores de 65 años, y 157 euros mensuales los que superen esta edad.
El Real Decreto incluye en este grupo a los nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público, a los rentistas y a los europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios.
El Real Decreto establece también los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria para personas que no tengan la condición de aseguradas ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud.
Es, en fin, un sistema para discriminar a los pacientes que no tengan la situación económica que les permita pagarse un médico, en un nuevo sistema que se olvida de que la asistencia sanitaria es un derecho fundamental y un deber del estado.
Kiko Cabanillas.
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