Un total de 225.000 personas discapacitadas en España son de origen extranjero. Y, según un estudio de la Secretaría de Estado, tan sólo un tercio de ellos cobra una pensión. La situación se hace especialmente grave si tenemos en cuenta que la cuarta parte sufrieron la minusvalía cuando llevaban ya un tiempo en España.
Las dificultades de los inmigrantes irregulares para obtener el certificado de minusvalía se ven incrementadas por la desinformación que hay al respecto, lo cual convierte a este colectivo en un grupo muy frágil y en constante riesgo de exclusión social.
Se trata de individuos que sufren una doble discriminación, y es nuestro deber como ciudadanos de un país democrático integrarlos, logrando que vean salvaguardados sus derechos fundamentales y libertades públicas.
Kiko Cabanillas.
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