La incorporación del inmigrante al Estado de bienestar está muy limitada. Según un informe de La Caixa, el motivo es, en gran medida, su inserción laboral mayoritaria en sectores desprotegidos. Además, a los contratos temporales se une la discriminación y los procesos de exclusión étnica. La crisis actual ha golpeado especialmente a este colectivo, cuya tasa de desempleo ronda el 30%, frente al 18% de la población autóctona.
No podemos atribuir a la inmigración la baja productividad de nuestro sistema económico, ya que estas poblaciones han contribuído a la supervivencia de actividades que de otro modo hubieran sucumbido. Refiere el informe que la inmigración tiene efectos económicos positivos para la sociedad receptora, mejorando la renta per cápita, contribuyendo a las arcas públicas y favoreciendo el consumo.
En cuanto a los retos para el futuro, el informe señala que la creciente heterogeneidad étnica y cultural implica que los sistemas de protección social deberán prestar más atención a las desigualdades. Asimismo, es urgente replantearse la política educativa en relación con la perpetuación de las desigualdades sociales. Otras medidas serían reconocer el papel desempeñado por las mujeres inmigrantes, mejorar las posibilidades de intervención de las administraciones públicas, visibilizar algunos problemas en los equilibrios de responsabilidades y competencias entre los distintos niveles de la administración del estado, luchar contra el nefasto influjo de los grupos racistas de extrema derecha, favorecer el aumento de la diversidad cultural y la existencia de mecanismos de movilidad social no discriminatorios que garanticen una igualdad real de oportunidades, e identificar los puntos débiles de nuestro sistema de protección social
Kiko Cabanillas.