Tal vez no sea el fin de una era, pero sí de una forma de ver al ser humano, de una perspectiva de lo que deben ser sus derechos básicos. Asistimos a los últimos días en que, en España, toda persona, por el hecho de serlo, puede ser atendida por el sistema sanitario público. A partir de ahora, el concepto 'persona' se sustituye por el de 'asegurado', una condición cada vez más restringida y que, no nos engañemos, tiene todas las trazas de continuar estrechándose.
Llegados a este punto, conviene recordar una cosa que, curiosamente, ni las administraciones ni los medios de comunicación se están preocupando en sacar a la palestra. Y es que la asistencia sanitaria no está vinculada únicamente a las cotizaciones a la Seguridad Social, sino que la pagamos absolutamente todos los contribuyentes, a través de los impuestos directos e indirectos.
Así, las comunidades autónomas destinan a la asistencia sanitaria el 35 % del IVA recaudado; el 100 % de los impuestos por juego, por matriculación de vehículos y por electricidad, y el 40 % de los impuestos especiales que gravan el consumo de cerveza, alcoholes y bebidas derivadas, y labores del tabaco. A esto se suma, allí donde se ha implantado, el céntimo sanitario.
De esta manera, inmigrantes y no inmigrantes, cotizantes y no cotizantes, todos las personas que consumen cualquier producto aportan al fondo de la atención sanitaria, que sin embargo a partir de ahora no asistirá a todos. No lo olvidemos.
Natalia Monje