La reforma sanitaria anunciada por el Gobierno de España recoge la retirada de la gratuidad en la cobertura sanitaria a los inmigrantes irregulares, excepto en casos de urgencia o embarazo. El Gobierno espera ahorrar 7.000 millones de euros con esta medida, que incluye además modificaciones en el pago de medicamentos con receta y medidas contra el turismo sanitario, así como la coordinación entre comunidades.
La alta morosidad y un insostenible deficit en las cuentas públicas sanitarias son las causas que se alegan desde el Gobiernos para poner en marcha esta iniciativa, que contempla amplios recortes en dos áreas tradicionalmente protegidas en españa, como son las de Sanidad y Educación. El objetivo sería cumplir el objetivo del deficit del 3 por ciento del PIB para el 2013, ante las presiones de Bruselas. Esto supone un cambio en el modelo de sanidad pública, que se remonta a 1977, en una sociedad ya acostumbrada a una cobertura sanitaria.
La consultora Price Waterhouse Cooper, una de las que trabaja en la evaluación de la economía española ante las perspectivas del rescate, destaca que los recortes en Sanidad "no son suficientes" y pide reformas en profundidad, dirigidas a la colaboración público-privada, con especial énfasis en las enfermedades crónicas y fórmulas de pago por desempeño.
Sin embargo, entendemos que meter en el mismo saco al 'turista sanitario' y al inmigrante irregular es un error y no refleja la situación real, además de que puede tener profundas consecuencias en la salud pública.
Kiko Cabanillas.
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